Ley de Compensaciones a centrales eléctricas, la guinda de la torta

En una especie de frenesí legislativo, el Ejecutivo ha enviado o acelerado en las últimas semanas una serie de proyectos de ley que intenta aprobar antes del final de su período. Entre ellos, el proyecto de ley que establece el pago de un impuesto específico de beneficio municipal por la instalación de centrales de generación eléctricas, conocido como Ley de Compensaciones a centrales eléctricas.
Se trata de una propuesta anunciada hace casi un año por el gobierno, y que el Ejecutivo tenía listo para su ingreso al Parlamento desde noviembre, pero que envió recién esta semana. En su momento, organizaciones ciudadanas alzaron la voz para advertir respecto a la propuesta, que va claramente orientada a intentar bajar la presión y resistencia de parte de las comunidades y gobiernos locales frente a proyectos energéticos a lo largo de todo Chile, tensión que se ha incrementado notablemente en los últimos años.
Sin embargo, en lugar de presionar a las empresas e instarlas a mejorar la calidad de sus propuestas, forzándolas a minimizar su impacto social y ambiental a través de proyectos innovadores, tecnológicamente más eficientes y que internalicen los costos de sus impactos y no traspasarlos a las comunidades, la autoridad ha optado por intentar “cortar el hilo por lo más delgado”. En la práctica, por la vía de compensaciones económicas directas a los municipios, busca cooptar la capacidad de éstos para oponerse a los proyectos.
Lo que es aún más grave, este pago no representa un nuevo gravamen para las empresas, pues lo único que el Gobierno está proponiendo es redistribuir la carga impositiva de las empresas eléctricas: parte de los impuestos que antes se pagaban a las arcas fiscales nacionales, ahora irán -en base a cada MW instalado- a las arcas fiscales municipales como una manera de garantizar una suerte de ‘equidad territorial’ en cuanto a las distribución de los impactos y beneficios que producen este tipo de proyecto en los territorios.
En todo caso, respecto al destino específico de estos nuevos fondos municipales, el proyecto señala que serán destinados a proyectos de desarrollo local, los que no necesariamente significarán disminuir o mitigar los impactos económicos, sociales y ambientales que ha generado el proyecto específico en el territorio.
Esta propuesta gubernamental no entrega una adecuada respuesta a la creciente conflictividad en torno a la ubicación de los nuevos proyectos de generación eléctrica. Por el contrario, es una propuesta simplista que no se hace cargo de la complejidad de los problemas y plantea una mala solución que –lo que resulta aún más grave- inhibe y/o coopta la participación de las comunidades y de los gobiernos locales en la evaluación ambiental de los proyectos, debido a la entrega de compensaciones directas a los municipios, disminuyendo aún más su capacidad para defenderse frente a los grandes proyectos energéticos.
Paola Vasconi, Coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog de La Tercera el 21 de enero de 2010.