martes, septiembre 22, 2009

Municipios apoyan proyecto de ley de compensaciones
Por Cecilia Yáñez / La Nación
En la actualidad una planta que emite electricidad cancela por patente municipal lo mismo que un pescador artesanal o un quiosco de diarios. La iniciativa legal que trabaja la Comisión Nacional de Energía está pronta a ingresar al Congreso.
Los alcaldes de Puchuncaví y Quintero, acompañados por el diputado UDI Marcelo Forni, llegaron hasta la oficina del ministro de Energía, Marcelo Tokman, para interiorizarse acerca del proyecto de ley que en los próximos días presentará al Congreso y que establece el pago de compensaciones a las comunas que acojan a empresas generadoras de electricidad.
La iniciativa busca que aquellas firmas que se conecten al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) o al Sistema Interconectado Central (SIC) paguen un impuesto específico a los municipios donde están ubicadas físicamente las centrales. El monto propuesto es de 270 UTM por cada megawatt instalado en esa comuna. Además de este pago, se contempla un cambio en el pago de las patentes municipales de estas empresas (ver recuadro).
Concluida la reunión, los participantes se declararon conformes con los puntos generales del proyecto. El parlamentario de la UDI destacó la importancia que se “generen compensaciones sin subir los costos de la electricidad, porque nadie quiere desalentar estos proyectos que son tan necesarios para el país”.
Además, señaló que es una buena decisión que se cancele en dos formas: “Que por un lado se modifique el tema de los impuestos municipales para que se paguen las patentes según potencia instalada y que tengamos un pago adicional que no encarece el proyecto, porque es un crédito contra el impuesto a la renta”.
El alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, dijo que su comuna y la de Quintero merecen este tipo de compensaciones como una cuestión de justicia por cuanto a ellos no les han llegado los beneficios que se producen en sus propias comunas.
El edil de Quintero, José Varas, fue más enfático al señalar que “no queremos cambiar la vida por plata. Estamos planteando que los proyectos energéticos sean sustentables en el país. No estamos por oponernos, queremos que tengan tecnología de punta y que no contaminen más el ecosistema”. A su juicio, con esta iniciativa se eliminan las coimas porque los dineros que se entreguen serán públicos y los gastos deberán ser aprobados por los presupuestos de las comunas, en los concejos municipales.
Una opinión similar tuvo Forni. “Nos parece una buena señal que las cosas se hagan por encima de la mesa, que sepamos qué esta aportando cada empresa. Hoy hay políticas de buen vecino y de responsabilidad social que tienen estas empresas en la que no se sabe cuál es la magnitud y quiénes son los beneficiarios. Con esta ley lo estamos transparentando”, indicó.
GRANDES PAGOS
De aprobarse esta ley, estas dos comunas recibirían una gran cantidad de dinero por concepto de impuestos y patentes, por cuanto en carpeta están el proyecto Central Quintero de Endesa con una capacidad instalada de 240 MW por lo que debiera pagar US$4,3 millones. En la comuna de Puchuncaví, también esperan los proyectos Ventanas, Río Corriente, Campiche (paralizado) y Nueva Ventana, todos ellos en total aportarían US$41,1 millones.
Más al sur, las comunas de Cochrane y Villa O’Higgins, donde HidroAysén pretende instalar sus plantas se deberá pagar casi US$50 millones y otros US$10 millones más para Aysén por la instalación de la Central Río Cuervo de la empresa Energía Austral.
MUNICIPIOS CONFORMES
En el congreso nacional de Asociación Chilena de Municipalidades, el tema de las compensaciones se revisó y hubo un amplio acuerdo. De hecho, en la declaración pública que firmaron más de 30 ediles, señalan que las firmas “deben tributar y aportar parte de sus utilidades en las comunas donde se instalan, desde el inicio de su construcción y durante toda su vida útil”.
Valencia insistió en que las compensaciones son sólo una parte de las peticiones que tienen porque también piden a las autoridades que revisen y modernicen la legislación ambiental que permite la instalación de proyectos de gran envergadura.

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