Programa Contacto denuncia a policías involucrados en red de prostitución infantil

DE NUEVO EL PERIODISMO LE HACE LA PEGA A LA JUSTICIA Y A LA POLICÍA CORRUPTA

La descomposición moral de la sociedad chilena no está representada por los anhelos ciudadanos de legalización del aborto o del uso de la marihuana, como predican los conservadores, temas donde reina una hipocresía galopante, sino en la preocupante carencia de valores de instituciones que están ahí para proteger, denunciar e impartir justicia, sobre todo a los más débiles.

Andrés Padilla/ventananoticias

La Wikipedia define a las instituciones como mecanismos de orden social y cooperación que procuran gobernar el comportamiento social a través de normas de conducta y costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las organizaciones de gobierno y servicio público. Sin embargo, hemos visto como un grupo de policías, abusando de su investidura, no solo no denunciaron la red de prostitución infantil que funcionó por años en Valparaíso, sino que sacó provecho sexual de la desprotección de estas niñas y escondió el hecho en una red de silencio.
Este hecho una comprobación más de la descomposición moral de la sociedad chilena, sociedad clasista donde se desprecia al pobre, donde la justicia no actúa, donde la policía se corrompe y sus miembros son protegidos incluso en las altas esferas. Donde nuevamente, un equipo periodístico con simples herramientas como entrevistas, seguimientos, grabaciones, desenredó una vergonzosa madeja que ni la policía ni la fiscalía quisieron desenredar.
Pero bastó la exposición mediática para que todos ahora rasguen vestiduras y anuncien sumarios e investigaciones. Así funciona nuestra sociedad, tapando todo, ocultando, protegiendo a los que poseen influencias, sometiendo a un grupo de niñas pobres al horroroso crimen de la prostitución y además, olvidándolas en el anonimato, total, son pobres, no existen, nadie las escuchará, no tienen conocidos en la policía, en la fiscalía, ni en el congreso.
La justicia chilena actúa con celeridad cuando emergen agudos cuestionamientos a la institucionalidad, movilizaciones, protesta social. Lo hemos visto en la criminalización del movimiento de recuperación de tierras del pueblo mapuche con la aplicación de la ley antiterrorista de Pinochet y en donde incluso el derecho a informar es vulnerado como lo demuestran las expulsiones de equipos de documentalistas italianos y españoles y la detención de algún periodista capitalino. Otra muestra es el hostigamiento al movimiento cultural Okupa, en donde la policía carente de datos e información precisa, relaciona estas manifestaciones culturales de carácter libertario con los bombazos que desde hace varios años son reivindicados por grupos anarquistas. Al no haber resultados, han elaborado ridículos montajes que solo desacreditan la labor policial y las intenciones del Ministerio del Interior.