TERMOELÉCTRICAS: HIPOCRESÍA DEL GOBIERNO E INMORALIDAD EMPRESARIAL

ventananoticias

Ante el anuncio del gobierno de una nueva norma de emisiones para centrales térmicas a carbón, Aes Gener sostiene que invertir en nueva tecnología encarecerá el costo del suministro eléctrico. En esta reacción hay un reconocimiento implícito a que -pese a sus utilidades millonarias- no se están ocupando las herramientas necesarias para disminuir el daño que causan estas emisiones. Por otro lado el gobierno ha propuesto subsidiar con dinero de todos los chilenos a estas empresas.
Actualmente en nuestro país las termoeléctricas a carbón producen 70 millones de toneladas anuales de emisiones contaminantes, las que según el estudio "Política Energética, Nuevos Lineamientos", podrían llegar a 300 millones de toneladas en 2030. Debido a esto, el gobierno prepara una nueva norma de emisiones a las que deberán ajustarse las centrales termoeléctricas que operan hoy día y las que entrarán en funcionamiento a futuro, buscando la reducción de la contaminación atmosférica que generan este tipo de unidades carboneras.
La nueva normativa controlará parámetros como material particulado, óxidos de nitrógeno y anhídrido sulfuroso y para la ministra del Medio Ambiente Ana Lya Uriarte. “las más afectadas serán las centrales a carbón, que generan más emisiones”.
El anuncio del gobierno detonó la inmediata respuesta de AES Gener, empresa que considera que la inversión en la tecnología necesaria para cumplir con la normativa podría elevar el costo del suministro eléctrico. En esta reacción hay un reconocimiento implícito a que no se están ocupando las herramientas necesarias para disminuir el daño que causan estas emisiones y se plantea el inmediato traspaso de los costos precisamente a los más afectados, la ciudadanía.

SUBSIDIANDO LA CONTAMINACIÓN
Ante la creciente resistencia que las comunidades organizadas están sosteniendo ante estos proyectos que en anda los benefician, el gobierno ha propuesto que las generadoras eléctricas en Chile paguen a los municipios por cada megavatio que instalen. Según este cínico razonamiento las empresas contribuirán con el desarrollo de las localidades donde construyan una central, según el proyecto de ley que el Gobierno presentará en los próximos meses. Para que el impuesto en cuestión no recargue las tarifas eléctricas, el ministro Tokman sugiere que los montos pagados sean devueltos a las empresas con dineros públicos. En palabras de Sara Larraín, Directora del Programa Chile Sustentable, esto no sólo constituye un subsidio de los chilenos a las empresas, sino que representa una franca amenaza al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y a los derechos desde ya "insuficientes".