EDITORIAL
por Andrés Padilla
Editor Ventana Noticias
Por años se ha tendido a estigmatizar a quienes luchan por un medioambiente limpio como fanáticos de movimientos verdes o izquierdistas que se oponen al progreso y a la libre competencia. Esta sesgada y errónea visión promovida principalmente por ejecutivos de empresas nacionales y transnacionales, además de los infaltables lobbistas de uno y otros sector político, choca con la realidad de un mundo que ya está comenzando a sentir los cambios producidos por esta desenfrenada sed de progreso, representada por la depredación indiscriminada de recursos naturales y su rápida reconversión en capital financiero.
El calentamiento global, el aumento en el nivel de los océanos y la muy probable sucesión de desastres naturales –alertan los científicos- dentro de 10 años serán fenómenos irreversibles.
De manera que pedir consideración para una comunidad agredida durante 40 años por la contaminación, no es idealismo ciego, sino un deber social, solidario, sobretodo tratándose de gente modesta y desinformada. Es pedir que se respeten nuestros derechos fundamentales, que por lo menos en teoría, garantizan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución política de nuestro país.
No nos oponemos al progreso. Nuestro país crece y necesita energía. Pero paradojalmente vemos a diario que la distribución de esta riqueza está lejos de compensar las graves deficiencias e inequidades en salud, educación y vivienda y que en el caso de nuestras comunidades, son los más pobres los que deben pagar el costo del progreso: La contaminación del entorno, la pauperización de las principales actividades económicas locales, el empeoramiento de las condiciones de salud.
En las actuales circunstancias ha quedado en evidencia que el supuesto desarrollo sustentable es una falacia. Esta estrategia impulsada por los últimos gobiernos ha producido crecimiento económico, bien para el estado, bien para ciertos grupos privilegiados pero ha carecido de equidad social.
El actual sistema político predominante en el mundo y fielmente seguido por nuestro gobierno : el neoliberalismo, es el principal causante de desastres ecológicos en distintos lugares del planeta, ya que su matriz filosófica es la rápida acumulación de riquezas en pequeños grupos sociales nacionales y la apertura de las fronteras económicas a transnacionales que saquean las riquezas sin pagar un peso por ellas.
Por eso, entre otras cosas, cuesta digerir los calenturientos arranques patriotas de la derecha chilena ante cualquier problema limítrofe o requerimiento de un país vecino, siendo que han entregado las riquezas del país a potencias extranjeras que vienen, se enriquecen, contaminan y se van.
El estado chileno ha hecho poco por el medioambiente y específicamente los gobiernos de la concertación. Su gran deuda es haber creado una legislación ambiental ineficiente y politizada, totalmente vulnerable a las presiones de los poderosos, pero sorda ante las necesidades de la comunidad. Por ello es natural que los ciudadanos sientan una gran desconfianza hacia las instituciones que teóricamente deberían velar por sus derechos.
Un congreso no representativo de todas las visiones de país, sino que repartido por dos bloques de poder que a lo largo de 15 años de transición han demostrado escaso interés por votar leyes que favorezcan la defensa del medio ambiente y la dignidad de las personas.
Solo los últimos desastres ambientales de Río Cruces y la eventual puesta en marcha de Pascua Lama han hecho despertar la conciencia ecológica de la Presidenta Bachelet, quien prometió en campaña crear un Ministerio del Medio Ambiente, organismo que supervisaría los proyectos catalogados como peligrosos.
De nada servirá esto último si no se cambia la visión de desarrollo capitalista por uno medioambientalmente sustentable y socialmente equitativo.
El calentamiento global, el aumento en el nivel de los océanos y la muy probable sucesión de desastres naturales –alertan los científicos- dentro de 10 años serán fenómenos irreversibles.
De manera que pedir consideración para una comunidad agredida durante 40 años por la contaminación, no es idealismo ciego, sino un deber social, solidario, sobretodo tratándose de gente modesta y desinformada. Es pedir que se respeten nuestros derechos fundamentales, que por lo menos en teoría, garantizan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución política de nuestro país.
No nos oponemos al progreso. Nuestro país crece y necesita energía. Pero paradojalmente vemos a diario que la distribución de esta riqueza está lejos de compensar las graves deficiencias e inequidades en salud, educación y vivienda y que en el caso de nuestras comunidades, son los más pobres los que deben pagar el costo del progreso: La contaminación del entorno, la pauperización de las principales actividades económicas locales, el empeoramiento de las condiciones de salud.
En las actuales circunstancias ha quedado en evidencia que el supuesto desarrollo sustentable es una falacia. Esta estrategia impulsada por los últimos gobiernos ha producido crecimiento económico, bien para el estado, bien para ciertos grupos privilegiados pero ha carecido de equidad social.
El actual sistema político predominante en el mundo y fielmente seguido por nuestro gobierno : el neoliberalismo, es el principal causante de desastres ecológicos en distintos lugares del planeta, ya que su matriz filosófica es la rápida acumulación de riquezas en pequeños grupos sociales nacionales y la apertura de las fronteras económicas a transnacionales que saquean las riquezas sin pagar un peso por ellas.
Por eso, entre otras cosas, cuesta digerir los calenturientos arranques patriotas de la derecha chilena ante cualquier problema limítrofe o requerimiento de un país vecino, siendo que han entregado las riquezas del país a potencias extranjeras que vienen, se enriquecen, contaminan y se van.
El estado chileno ha hecho poco por el medioambiente y específicamente los gobiernos de la concertación. Su gran deuda es haber creado una legislación ambiental ineficiente y politizada, totalmente vulnerable a las presiones de los poderosos, pero sorda ante las necesidades de la comunidad. Por ello es natural que los ciudadanos sientan una gran desconfianza hacia las instituciones que teóricamente deberían velar por sus derechos.
Un congreso no representativo de todas las visiones de país, sino que repartido por dos bloques de poder que a lo largo de 15 años de transición han demostrado escaso interés por votar leyes que favorezcan la defensa del medio ambiente y la dignidad de las personas.
Solo los últimos desastres ambientales de Río Cruces y la eventual puesta en marcha de Pascua Lama han hecho despertar la conciencia ecológica de la Presidenta Bachelet, quien prometió en campaña crear un Ministerio del Medio Ambiente, organismo que supervisaría los proyectos catalogados como peligrosos.
De nada servirá esto último si no se cambia la visión de desarrollo capitalista por uno medioambientalmente sustentable y socialmente equitativo.
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